Loa Anarquistas Expropiadores (25 page)

Para cumplir con lo ordenado por el presidente de la República, Casás-Baldassarre tenían que desembolsar 1.450.000 pesos. Más honorarios, gastos de escritura, etc.

Al llegar a este punto tomamos las palabras del senador acusador Suárez Lago en su vibrante alegato en la sesión del 20 de agosto de 1940: “¡Cómo iban a realizar Casás y Baldassarre Torres un desembolso de ese monto dada su insolvencia, y además, sino era eso lo convenido cuando el negocio se planteó! Si todo iba a marchar sobre rieles., ¿qué significaba este entorpecimiento imprevisto? ¡Debió haber sobrevivido un indignado desconcierto y un atroz desconsuelo para esta gente! El 3 de septiembre de 1938 les comunican que debe presentar la escritura ¿Qué ocurre desde el 3 de septiembre al 20 de octubre? ¡Cuántas conversaciones, cuántos trotes, cuántos viajes en auto, cuántos cabildeos! Pero el 20 de octubre, espontáneamente —yo tomo como base la documentación enviada por el ministro de guerra, general Márquez— el capitán Giraud, jefe accidental de Campos, Propiedades y Barrios militares de la dirección general de ingenieros, le envía una nota a Casás, solicitándole quiera pasar por su oficina. ¿Qué se tenía que conversar con el señor Casás el 20 de octubre sobre el ofrecimiento de venta de la propiedad después de la orden terminante, no dejada sin efecto, impartida por el presidente de la República?”

Ahora los hechos se precipitan. No se sabe qué ocurrió en el conversación con Casás, al que acompañaba Baldassarre Torres. Lo único que se pudo comprobar son las consecuencias de esa conversación: una nota fechada el 11 de noviembre de Casás al ministro Márquez proponiéndole que, en vez de la presentación de las escrituras de la propiedad, “se haga un trámite menos engorroso”. Este trámite era en síntesis lo siguiente: hacer tres escrituraciones simultáneas: por la primera, pago de la deuda hipotecaria de las señoras Herreras Vegas al Estado que pesaba sobre los terrenos; escrituración de venta de las propietarias al señor Casás y, tercer paso, escrituración de Casás a favor del Estado. Es decir, todo al mismo tiempo y todo con el mismo dinero: el del Estado. En un solo acto, de 65 centavos a 1,10 el metro cuadrado. El 15 de noviembre se produce una orden verbal de Márquez al general Verdaguer. Esto se sabe por la nota que ese mismo día Verdaguer le eleva a Márquez: “Cumplimentando la orden verbal telefónica recibida del señor ministro, en la fecha le elevo el expediente con proyecto de decreto en acuerdo de ministro autorizando la adquisición de El Palomar. Sobre este asunto debo informar primero que
el ofertante ya ha presentado a esta dirección general los documentos exigidos para justificar el carácter invocado, de conformidad al pedido que se formulara en su oportunidad como asimismo la conformidad de los acreedores hipotecarios
”.

Pero la verdad era otra. Casás no había presentado nada. En sus declaraciones posteriores ante la comisión investigadora del Senado, el general Verdaguer responderá con indignación: “Señores mientras yo he sido director general de Ingenieros no he ofrecido otro precio que el de 40 centavos por metro como máximo. Si la operación se ha realizado, ha sido determinada por el poder Ejecutivo —dígase el ministro de Guerra—, del cual nosotros no somos otra cosa que instrumentos ejecutores. La responsabilidad, pues, recae sobre él”. Con el proyecto de decreto por Verdaguer eleva a Márquez se da un caso definitivo para el éxito del negociado.

Y ese paso definitivo se da el 11 de enero de 1939 cuando el presidente Ortiz estampa su firma en el decreto 21.683 autorizando la compra a un precio no mayor de 1,10 pesos el metro cuadrado.

“Ese decreto resulta inexplicable —acusa el senador Suárez Lago— porque yo no puedo suponer, mi imaginación no supera a mi perplejidad cómo pudo el ministro de guerra hacerle firmar al presidente de la República un decreto que autoriza a comprar un inmueble “de propiedad —así dice el texto— de don Néstor Luís Casás o de quien resulte propietario”. ¿Cómo se pudo llevar a la firma del presidente de la República, que el 4 de agosto ordenó terminantemente que se paraliza por completo el trámite de esta venta, hasta que Casás probara su condición de propietario, con escritura pública que acreditara la transferencia del dominio de la propiedad a su favor, cómo con esa orden y sin que ella se cumpliera cómo pudo desobedecer el ministro la orden del presidente y hacerle firmar dicho decreto? ¿Cómo hubo desaprensión para dejar de tal modo estampada la desobediencia y la situación inenarrable de autorizar la compra de un bien raíz “de propiedad de Néstor Luís Casás o de quien resulte propietario?” ¡Incomprensible!”.

Ahora ya se tiene el decreto, falta establecer el precio. Porque el decreto dice
hasta 1,10
el metro. Eso ocurre el 16 de marzo de 1939. En este sentido dice el senador Suárez Lago: “El 16 de marzo de 1939 el ministro Márquez produce su espectacular saltito en el vacío. Suscribe la orden urgente y terminante de que se firme el boleto de compra-venta al precio de 1,10 con el señor Néstor Luís Casás. ¡Ya no es “con quien resulte propietario” sino con quien está probado en el expediente que no es el propietario! Para él es un hecho axiomático y necesario que Casás es el propietario de la tierra”.

Ya está fijado el precio. Ahora irá todo sobre rieles. El 21 de marzo, un representante del director general de Ingenieros suscribe con Jacinto Baldassarre Torres el boleto de compra-venta por el cual este último se obliga a transferir al gobierno de la Nación el campo de El Palomar. Un día después del Poder Ejecutivo., por decreto-acuerdo 26.641, aprueba el boleto compra-venta. El 24 de abril queda consumado el hecho: con todo descaro y sin que se levante una sola voz de protesta, se firman las tres escrituras simultáneas en dependencias del Banco Central, aunque se las hace figurar en los protocolos como firmadas en la Ciudad de La Plata.

En el acto de las firmas de las escrituras se realizan tres pasos sucesivos. Primeramente el gerente de la sucursal La Plata la hipoteca que gravaba la propiedad de las señoras de Herrera Vegas. En segundo término, las señoras de Herreras Vegas venden el campo de El Palomar a Néstor Luís de Herrera Vegas representado por Jacinto Baldassarre Torres en la suma de 1.447.906 pesos. Por último, Casás le vende al gobierno nacional el mismo terreno en la suma de 2.450.303 pesos. Es decir, que en el mismo momento Casás gana la suma de 1.003.000 pesos a costa de la Nación. Pero el detalle más desvergonzado viene ahora: el pago es en orden inverso a la firma de las escrituras. El gobierno paga en primer término a Casás la suma de 2.450.303 en títulos del crédito Argentino Interno y del Empréstito de Repartición. Casás paga en segundo término a las señoras de Herrera Vegas 1.447.906 pesos en títulos del Crédito Argentino Interno y del Empréstito de Repartición. Por último, las señoras de Herrera Vegas cancelan su deuda hipotecaria que pesa sobre el terreno (723.953 pesos) al Banco de la Nación con los mismos títulos recibidos de Casás. Es decir, que Casás se ha ganada más de un millón de pesos sin poner un solo centavo. Todo se ha hecho a costa del dinero del Estado.

Pero aunque el negociado es tan evidente que hasta un niño podría darse cuenta, nadie protesta, nadie denuncia nada. Ni el escribano Cristián Fernández Madero, que autoriza las dos primeras escrituras, ni el escribano general de la Nación, doctor Enrique Garrid, que firma el tercer protocolo, ni las autoridades del Banco de la Nación.

El negociado había llegado a feliz término. Ahora había que cumplir con los que habían allanado el difícil camino de las gestiones de Jacinto Baldassarre Torres. Es aquí donde han quedado las huellas digitales de los que intervinieron en el negociado. Porque si el Estado hubiera pagado en dinero en efectivo, nunca se hubiera podido descubrir a los coautores. Pero el pago se hace en títulos y Baldasserre Torres no se molesta en vender los títulos y luego pagar los servicios. No, paga directamente en títulos, y es por eso que la comisión logra saber los nombres de los beneficiados y descubrir a los implicados.

Cuando se conocen los nombres de los que han recibido títulos de Baldassarre Torres, el país queda estupefacto. ¿Es posible que gente tan encumbrada haya podido hacer eso? Sí, es posible. Así lo dice la comisión investigadora. Con lenguaje parco y claro: “de la ganancia líquida obtenida por la venta del terreno de El Palomar, participaron las personas que a continuación se indican:
Juan G Kaiser,
ex presidente de la Honorable Cámara de Diputados, le produjeron 126.925,18 pesos: doctor
Gregorio Raúl Godoy
, ex presidente de la Comisión de Presupuestos y Hacienda de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, con 117.000 títulos y además 140.689,26 pesos en n cheque de Jacinto Baldasserre Torres; doctor
Miguel Aguirrezabala
, con 30.000 títulos los que vendidos le produjeron 25.373,85 pesos; diputados nacionales
José Guillermo Bertotto
y doctor
Víctor Juan Guillot
—actual presidente de la Comisión de Presupuestos y Hacienda de la Honorable Cámara de Diputados—, con 15.000 títulos que llevan juntos al Banco Español del Río de Plata. El productor de dichos títulos –12.612,8— lo recibió el diputado Bertotto”.

Añade la comisión que Títulos por calor de 35.000 pesos han sido cobrados por una señorita que se presentó con el nombre falso de
Ana Gómez
(este misterioso nombre lleva encerrado quizá el drama que provocó el suicido del diputado Víctor Juan Guillot). La comisión añade: “Los diputados mencionados estarían comprendidos dentro de las disposición penales que se refieren al cohecho o a las asignaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas”.

Pero siguen los acusados “los señores
Franklín Fernández Lusbin,
empleado de Obras Sanitarias de la Nación hasta el 27 de marzo de 1939, y
Agustín Marcelo Echeverría
, empleado de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación y ex secretario del diputado Gregorio Raúl Godoy, recibieron de Jacinto Baldassarre Torres en Títulos las sumas de 167.000 y 10.000 pesos, respectivamente: el general (S. R) don
Alonso Baldrich
, quien recibió del señor Jacinto Baldassarre Torres 10.600 títulos, los que vendidos le produjeron 8.871 pesos; los señores
Néstor Luís Casás
y
Jacinto Bladassarre Torres
había incurrido en notoria responsabilidad penal”.

Hasta ahí los civiles. Pero había un capítulo más interesante todavía pata la avidez pública, y que iba a tener insospechadas repercusiones políticas: el capítulo referido a las implicancias que en el asunto había tenido el propio ministro de Guerra, general Márquez.

La comisión senatorial acusa al general Carlos D Márquez de haber infringido la ley 3.727 sobre organización de los ministerios nacionales, el artículo 1º de la ley de expropiación Nº 189, y los artículos 26, 43 y 44 de la ley de contabilidad Nº 428. También, en ese sentido, se acusa al presidente de contaduría general de la Nación, doctor Mario de Tezanos Pintos. Y termina diciendo el despacho: “estaría comprendidos, por lo tanto, el señor ministro de Guerra general Carlos D Márquez, y el presidente de la contaduría general de la Nación, doctor Mario de Tezanos Pinto, en la disposición del artículo 248 del Código Penal, pues habría incurrido en la violación de los deberes de los funcionarios, con las responsabilidades civiles emergentes” .

En la sesión del Senado del 19 de agosto de 1940 concurre el general Márquez a defenderse. Su argumento principal es la urgencia de compra, y que si el Congreso había autorizado esa compre él no tenía por qué oponerse. Agrega que el precio no le parecía desmesurado porque otras tierras expropiadas en las cercanías del Campo de Mayo habían costado aproximadamente un peso el metro cuadrado. Además hace un grave cargo al general Juan Bautista Molina al decir éste “Jamás me planteó cuestión alguna ni formuló objeciones que pudieran haberme inducido a adoptar una resolución contraria”. Y vuelve a repetir una y otra vez que “hacía ya aproximadamente tres meses que el Colegio Militar estaba en su nuevo edificio y había que ocupar el terreno inmediatamente para no entorpecer el desarrollo de la instrucción diaria”.

Aquí se equivoca Márquez. Le contestará de forma implacable el senador Suárez Lago: “Según lo que hemos oído de boca del señor ministro de Guerra, general Carlos Márquez, había una extraordinaria urgencia de carácter militar en adquirir el campo. Se necesitaba como oxígeno para resolver las dificultades de la enseñanza y de la práctica de ejercicios en el Colegio Militar, pues, por las razones que dio el ministro, parecía que los cadetes se ahogaban en ese pañuelo de tierra en que está edificado el Colegio. ¡Imagino cuál sería a alegría y satisfacción del director del Colegio Militar cuando supo que se había realizado la compra de la propiedad lindera! Pero no es asó. ¡No bien comprados los terrenos a Casás, se dan en arriendo a un particular para la explotación de la industria tambera a 40 pesos la hectárea! Se pagó 11.000 pesos, señores senadores. La hectárea para enseguida arrendarla a 40 pesos anuales. ¡Oh sarcasmo irritante!”.

Y Suárez Lago, luego de este argumento irrebatible, pasea su mirada por los rostros serios e inmóviles de los demás senadores. Hay un profundo silencio. Suárez Lago sufre de algo de tartamudez, pero cuando se entusiasma en una pieza oratoria apabulla con sus gestos, sus gritos, sus argumentos. Peso casi 140 kilos, pero su banca gira y se mueve para todos lados al impulso del empuje del senador conservador por Mendoza.

Después del silencio se oye de nuevo la voz de Suárez Lago que se va levantando como un murmullo: “que cada ciudadano que ame a nuestra patria, que cada inteligencia en acción orientadora, que cada órgano que representa y que hace opinión, que casa uno y que todos, interpreten y comprendan el profundo y trascendente significado moral de la labor que hemos cumplido; que comprenden el profundo y excluyente sentido ejemplarizador de despacho y de la comisión investigadora del Senado. Así y sólo así nuestro trabajo ímprobo, nuestro esfuerzo penoso y nuestro dolor íntimo —todo en persecución de la verdad— no serán estériles. Nada más”.

El despacho se vota por unanimidad en lo referente a que se envíen a la justicia los antecedentes delictivos del negociado. La segunda parte, en la que la Alta Cámara pide a Diputados que sólo inicie juicio político contra el ministro Márquez, solo tiene la oposición de cinco senadores: Tamborín, Cepeda, Cantón, Laurencena y Eguiguren.